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La salud, en la encrucijada

La salud, en la encrucijada

El sistema de salud enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por una serie de desaciertos estructurales y coyunturales que comprometen la salud y el bienestar de la población, así como la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en salud. La Procuraduría General de la Nación, mediante acciones preventivas, ha puesto de relieve la crisis financiera provocada por políticas gubernamentales que incidirían severamente en la operatividad del sistema.

La financiación del sistema, especialmente a través de la unidad de pago por capitación (UPC), se ha visto mermada por no ajustarse adecuadamente a factores como la inflación, la devaluación, la inclusión de nuevas tecnologías en el plan de beneficios de salud, cambios en los perfiles epidemiológicos y las mayores frecuencias de usos de los servicios debido a la incertidumbre por los cambios legislativos propuestos. La falta de atención a las solicitudes soportadas por estudios técnicos del Ministerio de Salud y la ausencia de información técnica para el cálculo de la UPC de 2024, lo que agravaría la situación financiera de las entidades promotoras de salud.

Además, el no pago oportuno de los presupuestos máximos y sus ajustes, destinados a financiar servicios no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, ha comprometido el flujo de recursos en el sector, poniendo en riesgo la efectividad de la prestación de servicios de salud. El desabastecimiento de medicamentos, evidenciado desde el segundo semestre de 2022, pone en riesgo la vida y la salud de los usuarios, especialmente de aquellos con enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo; situaciones que estamos investigando de manera rigurosa.

De otra parte, se presentó un proyecto de reforma de la salud, proponiendo una reestructuración al Sistema General de Seguridad Social en salud hacia un modelo con arquitectura institucional esencialmente pública. Sin embargo, esta propuesta plantea riesgos significativos como la desintegración y fragmentación de la atención, la desarticulación institucional, y la estatización en el manejo de servicios y recursos sin un control adecuado del gasto.

La ausencia de gestión del riesgo y de estudios técnicos y financieros sobre los costos del nuevo modelo genera dudas sobre la viabilidad de esta reforma, poniendo en riesgo un sistema que ha sido construido durante tres décadas y que cuenta con el apoyo de más del 70 % de los usuarios. Cabe destacar que el proyecto de reforma no surge directamente por la crisis financiera, más bien, la crisis se ha utilizado para precipitar de facto la reforma. Se está llevando al sistema a un colapso total e implementando la reforma por resoluciones.

Es crucial implementar estrategias que no solo preserven los logros alcanzados en cobertura, calidad y protección financiera, sino que también fortalezcan el sistema. Esto incluye calcular la UPC para 2024 basándose en estudios técnicos, asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales mediante acciones coordinadas entre el Ministerio de Salud y el Invima.

En realidad, no se requeriría un proyecto de reforma si consideramos que ya contamos con normativas pendientes de ser desarrolladas en cuanto a reglamentaciones y ejecuciones. Entre ellas, la Ley 1122 de 2007, que fortalece las capacidades de los entes territoriales y la formalización laboral, y la Ley 1438 de 2011, que implementó un modelo de atención primaria. Estas leyes fortalecen la organización de servicios en todas las comunidades, enfocándose en la promoción y prevención. Además, la ley estatutaria de salud, Ley 1751 de 2015, resultado del fallo de la sentencia T-760 de 2008 y que continúa bajo el seguimiento de la Corte Constitucional, ofrece todas las bases necesarias para seguir mejorando el sistema de salud colombiano.

MARGARITA CABELLO BLANCO

* Procuradora general de la Nación

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