De los 16,9 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda dispuso para la adición al Presupuesto General de la Nación para este año, 2,02 fueron destinados al sector de la salud, según lo dispuso el Congreso de la República en sus recientes sesiones extras. Dicho monto, que se suma a los 50,2 billones ya aprobados para este año, ha sido considerado insuficiente por las EPS del régimen contributivo a través de Acemi, gremio que las representa. Han expresado que para evitar traumatismos, se requiere un monto que ronda los 10,45 billones.
Ante este reclamo, es bueno saber que el sistema de salud en Colombia anualmente consume el 5,41 por ciento del PIB, algo así como 83,8 billones de pesos, con los cuales se cubren las necesidades en este campo de 51,5 millones de personas (casi el total de la población), a través de un mecanismo solidario que se materializa en la llamada Unidad de Pago por Capitación (UPC), que a valores de hoy es, en promedio, 1,4 millones de pesos. Esto es lo que en realidad dicho sistema reconoce por la salud de cada colombiano.
El asunto es que si bien esto se reconoce por adelantado a las entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB), entre las que se encuentran las EPS, estas incurren en unos gastos extras que no están cubiertos por los planes de beneficios y tienen que ser pagados por el sistema. Son los llamados ‘presupuestos máximos’ y que hoy, sumados a otros gastos, como canasta covid y atenciones otorgadas a la población migrante, bordean los 4,3 billones de pesos que requieren la mencionada adición presupuestal. Y deben cubrirse ineludiblemente porque son servicios ya prestados.
De ahí las legítimas inquietudes de los acreedores, a pesar de que desde el Ministerio de Hacienda se acepta esta deuda, a la par que voceros de la cartera aseguran que hay otras vías para saldarla. No sobra decir que las EPS reclaman con urgencia de este monto algo más de 800.000 millones de pesos, con el argumento, como ya lo decíamos, de que esto atenta contra la atención de sus afiliados, además de poner en riesgo su estabilidad financiera.
Ante este pedido, se puede calificar como peligroso que, en pleno debate del proyecto de reforma de la salud, el Gobierno haya dejado crecer los riesgos de desfinanciación del sistema. El faltante billonario proviene de los conceptos ya mencionados y de la insuficiencia de la prima para 2023 –que costea las atenciones diarias–. También de deudas de presupuestos máximos que venían de años previos.
Es bueno aclarar que estos dineros no son para girarse a las arcas de las EPS, sino para circular por todo el sistema, a proveedores y prestadores, y, lo más importante, que no puede perderse en ningún momento de vista, para garantizar las atenciones a los pacientes. Algunas proyecciones apuntan, incluso, a que en julio se empezarían a agotar estos recursos y, de no tomar acciones correctivas inmediatas sobre este hueco, la prestación directa del servicio de salud en el país comenzaría a afectarse sustancialmente.
La responsabilidad de encontrar salidas prontas y sensatas a este escenario de peligrosa desfinanciación de la salud recae sobre los hombros del Gobierno Nacional
Pese a los ataques políticos de algunos sectores contra las EPS, y que expertos identifican como parte de una estrategia del Gobierno para legitimar el proyecto de reforma del sector, la mayoría de los colombianos no respaldan la eliminación de estas entidades sino la adopción de mejoras al sistema en términos de citas, especialistas y cobertura en zonas rurales. Eso también implica entender que ya en 2022 el sector sufrió un déficit creciente: por cada 100 pesos que recibieron las EPS del régimen contributivo, tuvieron que gastar 102 en atenciones de salud.
La responsabilidad de encontrar salidas prontas y sensatas a este escenario de peligrosa desfinanciación de la salud recae sobre los hombros del Gobierno Nacional.
Más allá del espíritu de la reforma –que pone en riesgo los avances del sector–, el Ejecutivo debe explorar todos los mecanismos y agotar los instrumentos que impidan el deterioro de las condiciones financieras de los actores del sistema. Se trata de presentar alternativas viables para dejar claro que con una gestión eficiente que permita acceder a otras fuentes de financiación se contará con los montos requeridos por el sistema para no perjudicar el servicio que se le presta a la gente. Este es el camino para refutar, con hechos, las lecturas de este episodio que han sugerido que en el Gobierno podrían estar, incluso conscientemente, buscando una muy nociva desfinanciación como estrategia para revelar las falencias estructurales del sector. Lo que, desde luego, constituiría una imperdonable amenaza a la salud pública, pues se estaría, ahí sí, arriesgando nada menos que la prestación de este servicio básico para los colombianos. La salud es un derecho que no merece esa incertidumbre.
EDITORIAL
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